Limitaciones al cumplimiento forzoso de créditos derivados de la tasación de costas. ¿Son extrapolables estas conclusiones a otros casos de cumplimiento forzoso?

La interesante Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, nº 1.683/2023, de 29 de noviembre, (en adelante, la “STS”) se ha pronunciado sobre el plazo y el procedimiento que se debe seguir para cobrar los créditos determinados en los incidentes de tasación de costas mediante resolución firme.

Desde un punto de vista fáctico, el procedimiento principal se remonta al año 2009, cuando un hijo presenta una demanda de juicio ordinario contra su padre, solicitando una indemnización, en concepto de reparación de daño moral, por incumplimiento de obligaciones afectivas.

El procedimiento concluyó en julio de 2010 con una sentencia desestimatoria, que impuso las costas al hijo demandante. El recurso de apelación y posterior recurso de casación, corrieron la misma suerte y fueron igualmente desestimados con imposición de costas al hijo demandante.

Una vez firme el pronunciamiento, se practicaron, a instancia del padre, las correspondientes tasaciones de costas de las diferentes instancias. Dichas tasaciones fueron aprobadas por sendos decretos entre mayo y septiembre de 2012.

En octubre de 2017, el padre presentó demanda de juicio ordinario contra su hijo, reclamando las sumas reconocidas en las citadas tasaciones de costas.

El juzgado de primera instancia estimó la demanda condenando al hijo demandado al pago de las costas procesales.

No obstante, recurrida la anterior decisión en apelación, la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia revocatoria de la pronunciada en primera instancia, considerando que, (i) el crédito derivado de la condena al pago de costas procesales cuantificado mediante tasación de las costas podía hacerse valer a través de una acción a través de un juicio declarativo ordinario; pero no obstante, dicha acción tiene un límite para su ejercicio.

En efecto, (ii) al haberse superado el plazo de cinco años de la acción ejecutiva, cuando se inicia el juicio declarativo ordinario se concluye por la Audiencia Provincial que el padre incurrió en un fraude de ley. No se puede pretender, a través de un nuevo juicio declarativo, salvar la caducidad de la acción ejecutiva prevista en el art. 518 de la LEC.

Finalmente, el Tribunal Supremo, descarta la posibilidad de iniciar un procedimiento declarativo ulterior para dejar sin efecto y enervar la caducidad de la acción ejecutiva, aunque por diferentes motivos.

Afirma, el Alto Tribunal que «no nos encontramos ante un caso de fraude de ley (art.6.4 CC), sino ante un supuesto distinto de aplicación de la norma procedente, que es el art. 518 LEC».

La sentencia nos resulta de interés por cuánto recuerda algunas cuestiones prácticas en relación con la acción ejecutiva que nace de la condena en costas. En particular,

  • Desde que la condena al pago de las costas es firme, se dispone de un plazo de caducidad de cinco años para instar la correspondiente tasación de costas (art. 518 de la LEC). Una vez realizada la tasación instada dentro de dicho plazo, y determinada la cantidad líquida a que ascienden dichas costas, nace un nuevo plazo de caducidad de cinco años para hacer efectivo el crédito cuantificado por tal concepto.
  • Cuando una sentencia contiene varios pronunciamientos condenatorios (por ejemplo, condena al pago de una cantidad principal, los intereses y las costas), cada uno de ellos fundamenta una acción ejecutiva para hacerlo efectivo y en consecuencia, el ejercicio de la acción ejecutiva respecto de uno de estos pronunciamientos no excluye la caducidad de las acciones relativas a los demás pronunciamientos que no hayan sido ejercitadas.
  • Si tras la aprobación de la tasación de costas transcurre el plazo de caducidad de cinco años previsto sin que se haya instado la ejecución, se pierde definitivamente la posibilidad de exigir el pago forzoso de las costas procesales.

En el futuro, deberá realizarse un seguimiento de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para ver cómo se aplica esta doctrina a otros supuestos en los que se pretendan utilizar procesos declarativos para enervar la fuerza de la caducidad de la acción ejecutiva.

Estos casos se deben examinar de forma individual y no seria, la primera vez, que PLA Litigation Funding considerara la posible financiación de tipologías semejantes de casos en donde siempre hemos seguido el parecer que ahora plasma el Tribunal Supremo en su sentencia.

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